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La tragedia del copyright

La tragedia del copyright

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Lunes, 01 junio 2015
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Libertad social, libertad económica y acceso a la cultura

No fue la propiedad intelectual un término legal que apareció de la nada, ni siquiera el único que requirió de un rodillo mediático y político al uso para ampliar el “gobierno de los propietarios“. Para poder adaptar la cultura previa del compartir a la nueva legitimidad de autores, gestores o titularidades temporales se desarrollaron una serie de discursos ideológicos muy profundos. Previa o simultáneamente, hubo que extender y ratificar la noción misma de propiedad privada y la idea de mercado, con sus contornos míticos —aún hoy inalterados—, de manera expansiva. Resulta de interés el término de “individualismo posesivo” de McPherson, que trata de reflejar una tendencia subyacente de la época que dota a los individuos aislados de su entidad a partir de su capacidad para apropiarse de lo que les rodea (sustentado en la base filosófica del liberalismo y la Ilustración, desde Hobbes o Locke hasta casi cualquier político del momento). La propiedad privada se volvió una sacrosanta piedra angular del modelo social moderno, y la identificación del trabajo intelectual con la misma dotó de legitimidad a la PI. Por otra parte, la prolongación del modelo mercantil fuera de los ámbitos productivos directos —fábricas, talleres, etc.— o de ciertos objetos aparentemente simples —sobre la que Marx teorizó con acierto— ha sido descrita de forma magistral por K. Polanyi, un antropólogo de la economía que recurrió a la noción de “mercancía ficticia” para describir la mercantilización generalizada de áreas o elementos no mercantilizables a primera vista: el cuerpo humano, la tierra, un mecanismo de intercambio, etc. También fue necesario “convencer”, por tanto, de que cualquier ente pensable puede convertirse en mercancía, con un precio, un propietario o un consumidor/comprador.

Siguiendo sus ideas, si la información, las obras culturales o artísticas o los productos científico-técnicos no son, en sí, escasos, eso significa que —como advirtió Kenneth Arrow (1962)— patentes y copyright son innovaciones sociales (convenciones legales) diseñadas para forzar esta escasez donde no existe de forma natural. Ahora bien, estas intervenciones generan la expulsión de cierta gente de estos ámbitos, y facilitan un mercado con más dinamismo a costa de limitar algo que técnicamente no es limitable. La idea es crear una ventaja comparativa para el poseedor del título (PI) de manera que se valorice por su exclusividad. Fabricamos bienes rivales que a priori no lo eran, algo que acontece en la misma historia temprana del capitalismo (y llega a ser condición de posibilidad de su despegue y constitución), tal como relata Polanyi. Este autor advierte que tierra (naturaleza), trabajo (personas) o dinero (convenciones simbólicas para facilitar el intercambio) no se comportan en principio como las mercancías estándar (los alfileres de Adam Smith o las camisas de Gucci), porque poseen características diferentes: existían antes de manera masiva (tierra), están adosadas a personas concretas que tienen comportamientos no mercantiles (fuerza de trabajo) y son meros índices arbitrarios (dinero). El capitalismo industrial tuvo que hacerlas pasar por simples “objetos”, cosificando la naturaleza o los cuerpos, tratándolos como simples entidades de compra y venta. A la vez, pero inadvertido a los ojos de muchos economistas o antropólogos, la PI tuvo que cosificar ideas, aplicaciones o expresiones, para volverlas rivales, para dotarlas de la naturaleza mercantil, para ponerles el disfraz de bienes de intercambio. La existencia de los mercados requiere este tipo de trucos de trilero que componen la esencia de nuestra cultura capitalista. Gracias a ellos, existen “dueños” o “propietarios” de información y conocimiento, de entidades inmateriales o de ideas aplicadas. Y, por tanto, lo que de manera natural parecieran ser “bienes públicos” pueden pasar por privados con la excusa de incentivarlos, puesto que ese tipo de bienes, en caso contrario, no se producirían (en palabras de los economistas clásicos). La solución, en consecuencia, fue transformar bienes públicos en monopolios privados temporales para espolear una actividad que se consideraba no motivadora (en realidad, lo no motivador era su producción masiva y distribución, nunca su creación intelectual): los cercados intelectuales son el precio que pagar por vivir en sociedades de mercado donde los incentivos privados son la base de cualquier proceso social. Sin embargo, esto deja de lado la otra cara, extensa y enorme, de los bienes públicos y su utilidad social (aunque sepamos que su privatización puede distorsionar la naturaleza de los mismos). Ello ha conducido a algunos famosos economistas, como Paul Samuelson, por ejemplo, a hablar de “bienes cuasi públicos” que pueden ser más o menos rivales (en un continuo no dicotómico).

Ahí es donde el discurso liberal y las narrativas capitalistas fueron horadando las arcaicas suposiciones previas para dejar libre el terreno a los nuevos modelos de gestión económica del conocimiento. Lo notable del avance temporal de los esquemas ideológicos es que ha respondido a diversas fases del sistema capitalista y de la realidad histórica, siendo sensible a cambios sociales y a reestructuraciones importantes. Así se resalta el componente estratégico de los discursos esgrimidos y su imbricación con otros factores históricos, políticos o culturales. Por ejemplo, dentro de los esquemas hegemónicos de justificación pro PI a los que asistimos, existe un movimiento que parte de argumentaciones basadas en derechos naturales —más frecuentes hace un par de siglos— y desemboca en la noción de incentivos y la retórica utilitarista —más socorrida en la actualidad—. Eso no significa ni que unas hayan desaparecido hoy en día ni que en el presente no se hable de derechos naturales individuales. Pero sí nos indica que la ideología liberal ha ido optando por diversas justificaciones a lo largo de la historia. De este modo, asumimos que han existido dos momentos punteros en la contestación al aumento de la PI. Una primera oposición antimonopolística liberal en el siglo XIX, y un segundo envite abanderado del “dominio público” ya en el siglo XX. Es decir, se ha pasado de una oposición mayoritariamente liberal y antimonopolística a la PI, durante su período de formación e institucionalización, a una resistencia colectivista, valedora de lo público, en la época global. Ese desplazamiento puede identificarse con diversos momentos de conflictividad social ante el despliegue de un régimen de propiedad, desde una situación inicial de implanación teórica a una fase de articulación práctica. Así pues, la corriente antiPI ha sufrido una mutación: comenzó en un primigenio ataque técnico y liberal a los monopolios como ine­ficientes económicamente, y finaliza en la reivindicación del domino público como derecho colectivo y beneficio moral para la sociedad; distancia que se recorre desde los padres de la constitución estadounidense a los patrocinadores de las virtudes del «saber público», libre o compartido. En todo caso, cuestionar el modelo actual de la PI y las patentes y abogar por la cultura libre no significa necesariamente apostar por la cultura gratuita. Es libre en el sentido de libertad de ex­presión, libertad de empresa, libre albedrío. Una cultura libre no es una cultura sin propiedad, más bien protege y apoya a
creadores e innovadores concediendo derechos de propiedad intelectual, pero también limitando el alcance de estos derechos para que los innovadores posteriores sean lo más libres posible respecto al control por parte del pasado. Para Lessig, en una de sus afirmaciones más polémicas, “una cultura sin propiedad, o en la que no se paga a los artistas, es la anarquía, no la libertad“.

[divider]Autoría del texto[/divider]

Rubén Martínez Moreno miembro de la Plataforma de Investigación e Innovación Cultural ZZZINC, del Observatorio Metropolitano de Barcelona, y Profesor de la UOC. Sus textos pueden leerse en www.leyseca.net.

Jaron Rowan. Forma parte del Free Culture Forum y es tutor y lector del curso MA in Culture Industry de Goldsmiths University of London. Sus textos pueden leerse en www.demasiadosuperavit.net.

Igor Sádaba. Profesor de la UCM, es miembro del grupo Cultura Digital y Movimientos Sociales Cibersomosaguas.

Mario Domínguez. Profesor de Teoría Sociológica Contemporánea, ha colaborado en las obra colectiva Innovación tecnológica y sociedad de masas (Síntesis, 1997).

ZEMOS98 comenzó en 1999 como un festival audiovisual en Viso del Alcor (Sevilla), y hoy es un laboratorio de creación y reflexión colectiva con especial atención al impacto y el uso de las herramientas en la cultura digital.

Fuente: “La tragedia del Copyright” (Virus Editorial).

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